El aborto es ahora inconstitucional en República Dominicana tras la aprobación de una enmienda a la Constitución que ha generado polémica en el país y ha llevado a que organizaciones como Amnistía Internacional adviertan sobre las posibles consecuencias de esta medida.
Amnistía Internacional aseguró que puede aumentar la mortalidad materna.
"El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte", dice la propuesta aprobada por una asamblea revisora de la Carta Magna.
El polémico artículo 30, que ahora pasará a ser el 38 de la reformada Constitución, ya había sido aprobado en una primera lectura en abril.
El aborto ya era ilegal de acuerdo al Código Penal dominicano de 1948 que establece que la mujer no está habilitada a interrumpir su embarazo, ni siquiera cuando esté en peligro su salud y/o pueda ocasionarle la muerte.
El código sanciona con penas de dos a cinco años a toda mujer que se provoque un aborto, con o sin asistencia, en tanto que impone penas de entre cinco y veinte años al personal médico que interviene en su realización.
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Polémica
Organizaciones feministas, la coalición de organizaciones no gubernamentales y algunos legisladores habían rechazado de plano esta modificación a la Constitución.
Quienes están en contra de esta reforma aseguran que el país tiene una de las tasas más altas de aborto en la región. De acuerdo con un estudio del Centro de Estudios Sociales y Demográficos dominicano, cada año se practican unos 82.000 abortos, de los cuales casi la décima parte se dan en adolescentes de entre 10 y 15 años.
"Realmente éste ha sido un retroceso. Este Congreso no representa a la población, que dijo, en un 73%, según la encuesta Gallup-Hoy, que ése no era un tema constitucional", expresó la doctora Lillian Fondeur, quien aseguró que tras esta aprobación se incrementarán más la mortalidad, los embarazos no deseados y los abortos.
Varias organizaciones sociales realizaron el jueves protestas por el artículo pues aseguran que viola el derecho de la mujer de decidir sobre su embarazo en caso de que se hubiera dado tras un incesto o una violación.
La medida es defendida por la Iglesia Católica y los principales partidos políticos. El sacerdote Luis Rosario, coordinador de la Pastoral Juvenil, aseguró -según consignó el diario dominicano Hoy- que con la reforma el principal de los derechos, que es el relativo a la vida, ganó.
Listín Diario aseguró que la jerarquía eclesiástica señaló que que "el señor hizo el milagro" y destacó que el país eligió su propio camino y no "el desorden internacional".
Crítica de Aministía
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) había advertido esta semana que los cambios propuestos "pondrán en peligro a mujeres y niñas" y pueden "provocar un aumento de la mortalidad materna".
En los poquísimos países que prohíben por completo el aborto, muchos médicos, ante el temor de ser procesados, retrasan la prestación de tratamiento médico o consideran justificado no proporcionarlo, aunque con ello la mujer embarazada pueda morir o sufrir daños a largo plazo",
Susan Lee, directora del programa para América de Amnistía Internacional
"Si el artículo se aprueba conforme a lo propuesto, limitaría gravemente el acceso a abortos seguros, incluso en los casos en los que una mujer sufre complicaciones que ponen en peligro su vida o necesita un tratamiento que puede salvar su vida pero es incompatible con el embarazo, como por ejemplo los tratamientos contra la malaria, el cáncer o el VIH/sida", aseguró AI en el comunicado divulgado el lunes.
"En los poquísimos países que prohíben por completo el aborto, muchos médicos, ante el temor de ser procesados, retrasan la prestación de tratamiento médico o consideran justificado no proporcionarlo, aunque con ello la mujer embarazada pueda morir o sufrir daños a largo plazo", dijo Susan Lee, directora del programa para América de AI.
AI había instado a a República Dominicana a no seguir los pasos de Nicaragua, donde un clic reciente informe de la organización concluyó que la estricta legislación del país "contribuye a aumentar el número mujeres que mueren durante el embarazo".
En gran parte de los países de América Latina el aborto está penalizado por ley y se castiga con penas de cárcel.
Sin embargo, en algunos lugares la condena puede ser reducida si el aborto se realiza tras una violación, cuando la vida de la mujer corre peligro o cuando se presentan malformaciones en el feto.
En Cuba, en cambio, la madre puede interrumpir el embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación sin justificar sus motivos, desde que en 1965 se legalizó el aborto.
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